Análisis Los agujeros negros de la Justicia .
El Gobierno quiere abordar esta gran reforma pendiente con el consenso del PP, pero tiene ante sí una batería de problemas que van de la falta de medios a la politización
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Retrasos, errores, falta de medios, sobrecarga de trabajo, caótica organización judicial, mala distribución del trabajo, descoordinación, corporativismo, politización. Estos son algunos de los graves problemas que afectan a la Justicia española. El Gobierno quiere abordar en esta legislatura su reforma siempre pendiente y modernizarla, con el consenso del PP. De momento, sin embargo, la primera actuación de ambos ha sido repartirse el Consejo General del Poder Judicial con vocales afines políticamente.
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Falta de medios.
España es uno de los países europeos que menos recursos dedica a la Justicia, en torno al 1% de los Presupuestos Generales del Estado, frente al 3% de los más avanzados de nuestro entorno. «Cada vez que se haga una reforma legislativa debe llevar aparejada una memoria económica para dotarla de medios», asegura el portavoz de Jueces para la Democracia, Miguel Ángel Gimeno. «Hay que dejar de hablar y hablar, pasar de las proclamas retóricas a los hechos e invertir para que la Justicia deje de ser la cenicienta», afirma el de la Asociación Profesional de la Magistratura, Antonio García. «Los responsables de dotar de medios son el Ministerio de Justicia y las comunidades que tienen las competencias transferidas», puntualiza.
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Deficiente organización del trabajo.
«Seguimos con una Justicia decimonónica, es necesario replantearse todo el modelo de trabajo, definir cómo debe funcionar la oficina judicial», resume Lorenzo del Río, portavoz de la asociación judicial Francisco de Vitoria. Es imprescindible una reorganización del trabajo en las nuevas oficinas judiciales para que los jueces se dediquen solo a juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. También elaborar un nuevo mapa judicial para adecuar y distribuir los recursos actuales.
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Escasez de jueces.
España ocupa uno de los últimos puestos en el ránking europeo de jueces por habitante. Cuenta con unos 4.500, 9,4 por cada 100.000 habitantes, frente a los 24 de Alemania. Los jueces y magistrados tienen que hacer frente a más ocho millones de asuntos anuales. Paradójicamente, en las últimas oposiciones están quedando entre un 20 y un 25% de plazas vacantes. «La solución es incrementar el número de jueces poniéndolos en correspondencia con la demanda judicial existente», asegura García. Además, el número de interinos es muy elevado.
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Informatización muy pobre. « Hay que interconectar los sistemas informáticos, ya que ahora no son compatibles los de las comunidades autónomas y el ministerio», asegura Del Río. La descoordinación entre juzgados es alarmante, como ha puesto de manifiesto el caso de Mari Luz Cortés. «Trabajamos con un instrumental absolutamente anacrónico y obsoleto», concluye García.
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Atasco gigantesco.
Un ejemplo clarificador: los juzgados de lo penal de toda España tenían al cierre del año pasado pendientes o en trámite de ejecución casi 270.000 asuntos. Esta cifra se refiere solo a un tercio de la jurisdicción penal, ya que no incluye las resoluciones dictadas por las audiencias provinciales, los tribunales superiores de justicia y los órganos centrales (Tribunal Supremo y Audiencia Nacional). Este monumental atasco se repite con variaciones en los demás juzgados. Fue precisamente un retraso en la ejecución de la sentencia de 21 meses a Santiago del Valle por abusos sexuales a su hija lo que le permitió asesinar a la niña Mari Luz.
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Politización.
«La elección de los vocales del CGPJ ha sido un auténtico fraude de ley, pues ha consistido en un simple reparto entre los partidos mayoritarios que reproduce la aritmética parlamentaria en el tercer poder del Estado -lo que va contra la doctrina del Constitucional- y no ha respetado la pluralidad de la carrera judicial», asegura Lorenzo del Río. También protesta por la designación directa por parte de Zapatero del presidente del CGPJ y el Supremo, Carlos Dívar. Estos hechos «revelan la cada vez más clara politización de la Justicia y el riesgo de verse perturbada la independencia judicial», asegura la asociación en un comunicado. Para solucionar este problema, García aboga por la vuelta al sistema de 1985 de elección directa de los 12 vocales de extracción judicial por parte de los jueces y magistrados y Gimeno por someter a un exhaustivo examen parlamentario a los candidatos.
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Corporativismo.
La multa de solo 1.500 euros impuesta por el Consejo del Poder Judicial al juez Rafael Tirado ejemplifica el corporativismo de los jueces. Los portavoces de las asociaciones matizan esta acusación. «Se corre el peligro de contentar a la sociedad aplicándole la mayor sanción, convirtiéndole en un chivo expiatorio para acallar conciencias, para no analizar por qué se produjo el retraso, qué carga de trabajo tenía su juzgado, qué déficits informáticos había, qué otras personas tenían responsabilidad», explica Del Río. «Se le están pegando patadas en su trasero y por traslación en los de todos los jueces sin poner en tela de juicio todo lo demás», asegura Gimeno.
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Pésima imagen.
«La Justicia es una institución pésimamente valorada, tiene un grado de confiabilidad muy bajo por la sociedad», admite Antonio García. Las encuestas muestran que los ciudadanos la suspenden una y otra vez y la sitúan entre las peor valoradas, por debajo del Gobierno o el Parlamento. Es la consecuencia directa de los problemas descritos que hacen que el sistema judicial no sea capaz de dar una respuesta eficaz a las demandas de los españoles. También de la visión de una parte significativa de los ciudadanos, que consideran blandas algunas penas y que la Justicia se preocupa más de los acusados que de las víctimas.
